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INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 12, No 12, ENERO - DICIEMBRE 2013
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Facultad de Ciencias Humanas
dida de un familiar para hacer frente a la apatía gubernamental, sin poseer siquiera un título pro- fesional, sin ejercer la abogacía y mucho menos percibir un salario. No se reconoce su trabajo ni su personalidad como defensores de derechos hu- manos y sin embargo, se les obstaculiza su trabajo de diversas formas, entre las que sobresalen el im- pedimento al acceso a las cárceles, a instituciones gubernamentales y militares; el entorpecimiento en procesos penales ante el fuero civil y militar; el trato humillante y denigrante del que son objeto, así como su exposición a difamaciones y calumnias por parte de grupos de poder que representan diversos intereses políticos y económicos.
En aras de este reclamo, los derechos humanos en México se han deteriorado de manera alarmante, vulnerando paradójicamente cada vez más dicho anhelo de seguridad. Con preocupación se obser- va el público ataque del que son objeto de manera reiterada las organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, a los que a veces se acusa de ser defensoras de delincuentes o de entorpecer el curso de los juicios; en su caso, el Estado que cuenta con los órganos de inteligencia respectivos, debería investigar y, en su caso, actuar en conse- cuencia de encontrarse algún elemento que los vincule efectivamente con el crimen organizado.
Aquí cabría señalar que sería preferible llegar a cometer el error de defender a un culpable, que limitar el derecho de defensa de un inocente. Una democracia plena debe contemplar la parti- cipación activa de la sociedad civil en los asuntos públicos del país. La expresión más palpable de la participación de la sociedad son las organizacio- nes civiles, en ese sentido, éstas representan los intereses de la sociedad.
En este caso se trata verdaderamente de un con- trasentido, dado de que lo que se necesita para resolver este agobiarte problema de inseguri- dad, es precisamente lograr una mayor y mejor participación social. Los defensores de derechos humanos son el termómetro más sensible de la democracia, su labor contribuye al fortalecimien- to de un régimen democrático y de la seguridad pública mediante sus actividades de promoción, denuncia y protección de los derechos humanos.
Conclusión
La estrategia gubernamental conocida como la Guerra contra la Delincuencia Organizada que caracterizó al sexenio de Felipe Calderón tuvo un error estructural de origen: justificó al modo de Maquiavelo (“el fin justifica los medios”) la muerte de 121 mil 683 personas en aras de preservar la tranquilidad social, olvidando que la persona debe ser siempre el fin de toda acción de gobierno y con una sola persona que resulte afectada por ella, ya no se puede argumentar que dicha acción se llevó a cabo en aras del “bien común” bajo el supuesto de la comisión del mal menor.
No se concibe un Estado democrático sin el respeto irrestricto a los derechos humanos. La comisión de violaciones a los derechos fundamentales son actos delictivos individuales perpetrados por ser- vidores públicos al amparo de la autoridad que ostentan, pero también pueden ser perpetrados por particulares, a los que simplemente les llama- mos “delitos”.
El único fin justificable de la policía en un Estado de Derecho debe ser la seguridad pública y el respeto y protección a los derechos del hombre, estando siempre a disposición de los intereses del pueblo.
La seguridad pública radica en el deber y cum- plimiento de alcanzar el respeto al patrimonio e integridad física de los ciudadanos. Lo que hace necesario que la sociedad deba contar con un aparato policial eficaz y confiable a su servicio. A las fuerzas armadas no les corresponde, ni cuentan con la capacitación para atender temas de seguridad pública, de ahí que su presencia en las calles, en vez de ser vista con beneplácito por la ciudadanía, motivó el incremento de las quejas por violaciones a los derechos humanos.
La actual administración federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, heredó una problemática particular en materia de delincuencia organizada. Durante su candidatura, el abanderado tricolor manifestó en reiteradas ocasiones su intención por modificar las estrategias gubernamentales que le antecedieron en la materia, y para ello, comenzó su gestión mediante la publicación en enero de 2013 del decreto referente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por medio del