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INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 12, No12, ENERO - DICIEMBRE 2013
Facultad de Ciencias Humanas
Las entidades que reflejaron un incremento constante en el número de homicidios durante la anterior administración federal panista fueron: Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas.
Durante 2012, el último año de gobierno de Cal- derón, Chihuahua y Guerrero fueron las entidades con el índice más alto de muertes violentas al re- gistrar 77 homicidios por cada 100 mil habitantes durante ese año. Ese mismo año las entidades con el menor número de homicidios por cada 100 mil habitantes fueron Aguascalientes y Yucatán, con un índice de cuatro y dos, respectivamente. En tanto, Chihuahua exhibió un descenso de 30% en el número de homicidios respecto de 2011 (Proceso, 2013).
Según los datos del INEGI, las causas de muerte violenta más comunes durante ese año fueron: agresión con disparo de armas de fuego y armas no especificadas, 16 mil 491; agresión con objeto cortante, 3 mil 400. Además, agresión letal por medios no especificados, 3 mil 223, y ataque por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, mil 592. Del total de personas que murieron en 2012, 23 mil 40 eran hombres, dos mil 772 muje- res, y 223 aparecen en la estadística como “no identificados”.
El derecho a la reparación del daño y a la readaptación social
La justicia en México debe responder, entre otras cosas, a la necesidad de fortalecer la seguridad pública, restituyéndole a la víctima de la mejor manera posible sus derechos. En este sentido se debe legislar el derecho de las víctimas a la repa- ración del daño y a la indemnización por daños materiales y morales, con base en el reconoci- miento formal de la responsabilidad del Estado cuando alguno de sus agentes comete violaciones a derechos humanos.
Por otro lado, la justicia entendida como restitu- ción de lo debido y no como castigo, debe conside- rar que la prisión es el lugar donde quien delinque debe purgar su pena, en la que no obstante su calidad de delincuente, se les debe tratar con la dignidad que merece cualquier persona. Recor- demos que la dignidad de la persona humana es también independiente de su comportamiento,
tanto de su actividad temporal como de su con- ducta moral. La persona es digna, en cuanto tal, por lo que es, no por lo que hace (García-Alonso, 2000, p.75).
Es necesario que se reforme la ley del sistema penitenciario y que los centros de reclusión cum- plan con la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y con las normas contenidas en la Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal (ONU, 2007).
Los centros de reclusión deben estar sujetos al escrutinio de las organizaciones civiles, con el objetivo de impedir los abusos que sufren los re- clusos por parte de las autoridades penitenciarias. Frente a los deficientes salarios, la escasa y poco profesional capacitación que recibe el personal de los reclusorios observamos que se fomentan las prácticas corruptas.
Los médicos asignados a la protección, atención y trato de personas privadas de su libertad, deben ser empleados con independencia de la institución en que ejerzan su práctica; deben formarse con base en las normas internacionales pertinentes, incluidos los principios de ética médica aplicable a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de las personas presas y detenidos contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Deben tener derecho a un nivel de remuneración y condiciones de trabajo acordes con su función de profesionales respetados.
El derecho a defender los derechos humanos
Los casos sin esclarecer de activistas y defensores de los derechos humanos agredidos, privados de su libertad o asesinados durante el sexenio calderonista, como Marisela Escobedo (ejecuta- da en 2010) o Nepomuceno Moreno (abatido en 2011), entre otros 63 nombres compilados por la prensa mexicana durante dicho periodo, pone en evidencia un patrón sistemático que intenta frenar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, algunas veces por los narcotraficantes y otras por las fuerzas del orden.
Muchos de estos defensores son miembros de familias que deciden abrazar la causa ante la pér-