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INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 12, No12, ENERO - DICIEMBRE 2013
Facultad de Ciencias Humanas
opio) celebrada en 1909, así como a la Convención Internacional de la Haya en 1912, en la cual fueron suscritos acuerdos y compromisos para realizar acciones y adecuaciones legislativas encaminadas principalmente a prohibir el cultivo de marihuana.
Entre 1920 y 1930 se emprendió una campaña xenofóbica contra la población china radicada en México, a quien se culpó de fomentar la siembra de amapola. Posteriormente, una vez erradicado el cul- tivo de aquélla, durante el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz en el año de 1969, se desarrolló la llamada “Operación Intercepción” que fue im- puesta a nuestro país por los Estados Unidos, para tratar de frenar el envío de marihuana de México a su vecino y en el que se determinó el “sellamiento” de la frontera norte del país. Fue a propósito de esta “Operación Intercepción”, cuando se argumentaba que México era el trampolín de entrega de droga a la Unión Americana, que tuvo lugar el anecdótico comentario de Díaz Ordaz: Creo que el problema mayor no es el trampolín, sino la alberca (Aguilar, V. y Castañeda, J., 2009, p. 11).
La “Operación Cóndor”, llevada a cabo en el noroes- te de México en 1977, representa el antecedente más remoto acerca del desarrollo de una campaña permanente efectuada en contra del narco por el ejército mexicano, que destinó 10,000 elementos y en la que además participaron efectivos de la Procu- raduría General de la República. Dicha operación se llevó a cabo bajo el enfoque de erradicación de los cultivos, lo mismo que la fuerza de tarea “Marte” que se desarrolló en 1987 (SEDENA, 2010).
Es a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en 1985 que se cambió al enfoque policiaco que hasta la fecha perdura, después de conocerse el secuestro y ejecución de Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la Drug Enforcemente Administra- tion (DEA) de los Estados Unidos, hecho que fue conocido como el “Caso Camarena”. Así se pasó a la persecución y captura de los grandes capos del narcotráfico de la época, como Rafael Caro Quin- tero1 -a quien se responsabilizó de la muerte de
1 El 12 de octubre de 2013, el semanario de análisis político mexicano Proceso reavivó la polémica en torno a la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en México en febrero de 1985 supuestamente bajo las órdenes de Rafael Caro Quintero. Quien fuera el “capo” más peligroso del país, liberado de prisión el 7 de agosto de 2013, había compurgado 28 años de prisión por la muerte del agente, quien no obstante, habría sido asesinado por un integrante de la CIA por una grave razón: había descubierto que Washington se asoció con el narcotraficante y usaba las ganancias del trasiego de estupefacientes para financiar las actividades de la contrarrevolución nicaragüense (Chaparro y Esquivel, 2013).
Camarena-, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo; posteriormente, Amado Carrillo, los hermanos Arellano Félix, Juan García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén, Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre muchos otros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República (2006-2012), se decidió declarar la Guerra contra la Delincuencia Organizada, siendo ésta una de sus principales tareas de gobierno. En ella se pasó de la atención del fenómeno, a privi- legiar la estrategia policíaco-militar con resultados desalentadores, ya que el haber desplegado por todo el territorio nacional a más de 50,000 efectivos del Ejército y Marina, así como la duplicidad de ele- mentos de la Policía Federal (Aguilar, V. y Castañeda, J., 2009, p. 44), de ninguna manera contribuyó a la reducción de la inseguridad y violencia -real o percibida- de la sociedad civil.
Aunado a lo anterior, se estima que en cinco años de “guerra” contra las drogas, la gestión de Felipe Calderón Hinojosa habría gastado 255 mil 108 mi- llones 280 mil pesos, en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la sobe- ranía nacionales. El monto significó el 247 % del presupuesto total del año 2011 para la educación superior, que entonces fue de 103 mil 267 millones; o el 533.91 % del total de recursos federales des- tinados a promover la ciencia y la tecnología, que apenas ascendió a 47 mil 781 millones (Flores, 2011).
Peor aún, la decisión de sacar al ejército de sus cuarteles para participar en esta “guerra” y patrullar las calles de algunas de las ciudades del país, incre- mentó significativamente las quejas por la violación a los derechos humanos de los ciudadanos, quienes dejaron de apreciar a las instituciones castrenses con respeto, para dar paso a una percepción generali- zada de inseguridad y corrupción.
El problema de los Derechos Humanos
Entendemos como “Derechos Humanos” al conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indis- pensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada (CNDH, 2010). De igual manera, dichas prerrogativas quedan plasmadas dentro de nuestra Carta Magna, en cuyo Título Primero, Capítulo I “De los derechos humanos y sus garantías”, se señala que: