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INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 12, No 12, ENERO - DICIEMBRE 2013
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Facultad de Ciencias Humanas
(...) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Presidencia de la República, 2013).
El disfrute de estos derechos humanos está indi- solublemente relacionado con la forma mediante la cual las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia que pueda manifestarse en su seno. La violencia afecta pro- fundamente el disfrute de estas prerrogativas de varias maneras. La ejercida por particulares, bajo formas de violencia privada o actividades delictivas, obstaculiza también el disfrute de los derechos humanos, aunque en México, y tal vez en todo el mundo, entendemos como violación a los derechos humanos únicamente los delitos con responsabili- dad estatal, seguramente por un atavismo de los gobiernos autoritarios.
Los altos niveles de criminalidad y de violencia afectan los derechos y la dignidad de las personas, la vida en comunidad, el desarrollo económico y las posibilidades de profundización de la democracia. Para controlarlos y reducirlos, es necesario proyectar estrategias que tomen en cuenta todos los factores que inciden en ellos. Es esta una responsabilidad indelegable e intransferible del Estado.
Quizá uno de los problemas más graves asociados a los altos índices de criminalidad presentes en el país, es el de la inexistencia de una política integral de seguridad pública, que parta de un diagnóstico ob- jetivo e involucre a la sociedad. También ha quedado expuesta la falta de la generación de productos de inteligencia confiables que ayuden a la eficiente toma de decisiones para el combate a las organiza- ciones delictivas, por parte de las instituciones del estado supuestamente encargadas de ello.
Hacia una política de seguridad
La criminalidad y la violencia son fenómenos socia- les multicausales. La búsqueda de una sola causa
conduce a la formulación de soluciones simplistas y, por lo tanto, inefectivas. Por ello, se requieren mecanismos en los que se contemple una amplia óptica para detectar las causas del problema.
Se considera que en nuestro país los procesos de toma de decisiones en el área de seguridad pública se han caracterizado por ser improvisados, omisos, reactivos, atomizados, restrictivos de la participa- ción ciudadana y escasamente evaluados. En Los desaparecidos de México (2013), la organización Human Rights Watch concluyó que las decisiones tomadas por el antecesor de Enrique Peña Nieto carecieron de rumbo y dirección al no haberse es- tablecido líneas de mando precisas o por no existir una óptima comunicación entre instancias, lo que favoreció la ejecución de acciones perniciosas a manos de las fuerzas de seguridad en agravio de la sociedad civil:
Durante gran parte de su periodo presidencial, Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez más evidencias indicaban lo contrario. Recién en el último año de su mandato reconoció que se habían producido violaciones de derechos humanos y adoptó una serie de medidas positivas—aunque muy limitadas—para erradicar algunas prácticas abusivas. Sin embargo, no logró cumplir con su principal obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías fueran investigadas y se juzgara a los responsables (HRW, 2013, p.1).
En otras palabras, por ser considerada (cuando así conviene) como tema de “seguridad nacional”, la violencia se convierte en un asunto totalmente opaco cuyo resultado salta a la vista, pues al no querer involucrar a la sociedad civil en la solución en estos temas, da como resultado el enraizamiento de la delincuencia en la misma, tal como lo reconoció Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales capos del narcotráfico en México, quien en entre- vista con el periodista Julio Scherer, señaló que: “Si me atrapan o me matan... nada cambia, el problema del narco envuelve a millones... sus reemplazos ya andan por ahí... el narco está en la sociedad, en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país...” (Scherer, 2010).
Existen algunas limitaciones para el diseño, formu- lación y evaluación de una política de seguridad pública en el país. Por ejemplo, imperan fundamen-