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su complejidad no era posible, pues no podía ser un proyecto único, difícilmente circunscrito a un conjunto de actividades centradas en la atención a las agencias gubernamentales y a los organismos internacionales.
La proliferación del “discurso de la participación” de la sociedad civil cobró mayor fuerza entonces. El “enfoque participativo” que había sido impulsado en décadas anteriores, visto como inclusión, que facilitaba la ejecución de los proyectos, como “participación de beneficiarios” (Natal, 2008, pp. 310, 316, 319) para la asistencia social y el desarrollo comunitario, tomó nuevos bríos, se revistió del ropaje de la participación ciudadana, aunque no lo fuera en sentido estricto. En esa década de los noventa, las organizaciones caritativas y de asistencia ya existentes renovaron su indumentaria, tomando una cara nueva, de vanguar- dia en la atención social y entre los actores de mayor relevancia “para el desarrollo”.3
Con mayor énfasis, sobre todo a nivel internacional y en el plano institucionalizado, la caracterización de la “participación ciudadana” en boga tuvo que ver con “una especie de cogestión de proyectos entre ciudadanos organizados y gobierno” (Isunza y Olvera, 2006. p. 376), lo cual difícilmente se daba en los hechos.
El Banco Mundial como protagonista (aunque el Fon- do Monetario Internacional lo secundó) introdujo e hizo permear la visión del ciudadano como usuario de servicios, dicho de otro modo, como cliente de servicios públicos, lo que se relacionaba con el New Public Management (cfr. Osborn y Gaebler, 1994), que pretendía hacer funcionar la administración de lo público como la administración de lo privado (Gurza e Isunza, 2010. pp. 26 y 27).
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la idea de sociedad civil se relaciona directamente con la modernización del Estado; para el Banco Mundial, en términos operativos la sociedad civil es asemejada a las “asociaciones voluntarias” o a una “red de or- ganizaciones privadas” (Rabotnikof, 1999, p. 33-34).
Para los organismos internacionales, las razones de la promoción de la participación de “la sociedad civil” se justifican en términos de la “sustentabilidad de los proyectos” (Rabotnikof, 1999, p. 33), pero esto redun-
3 Cabe reflexionar a qué nos lleva la visión de incorporación de la so- ciedad civil en este contexto de borramiento enfatizando el hecho de la asistencia. La asistencia social, en términos sintéticos, está relacio- nada con ciertos apoyos, para que personas, grupos u organizaciones eviten la decadencia, el hundimiento en la carencia o el abandono, es decir, para paliar su desventaja, no para suprimirla.
da en tener resultados y legitimarse como actores que “promueven el desarrollo”, el “involucramiento de las personas en sus necesidades” y que “impulsan” a la propia “sociedad civil” y su “fortalecimiento”, por lo que la inclusión de esta última se ha vuelto un criterio de factibilidad de la realización de acciones en ciertos territorios, temáticas y sectores de la población.
Otra cuestión que implica esta referencia a la sociedad civil es su papel en cuanto a reducir costos (“eficiencia”) y generar resultados (“eficacia”). Al desligarse a los Estados de sus compromisos tradicionales, la corres- ponsabilidad es un tema cada vez más recurrente, que termina por traducirse en un financiamiento del que se desentiende el financiador, pero que “la sociedad civil” debe hacer rendir, lo que además resulta una clara imposición de los organismos en la agenda de esa sociedad civil.
La legitimación de gobiernos y de organismos también pasa por asegurar que los conflictos se mantengan “serenados”, “inexistentes”, lo que se persigue en líneas programáticas del tipo: “fortalecimiento de la estabilidad democrática y del buen gobierno”. Lo que también permite continuar con el eje central prevaleciente de “desarrollo económico”, que signi- fica la generación y extracción de la riqueza, pero no su distribución entre las mayorías que contribuyen a producirla.
Relacionado con lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que se insertan en los programas de los organismos se convierten en buena medida en depen- dientes de las temáticas y de las agendas planteadas, de los recursos asignados y el monitoreo que decidan o no aplicar los organismos y se mueven bajo las reglas del juego de los mismos.
Si bien las organizaciones pueden y logran enfrentar esto virándolo en su favor, al obtener recursos al tiempo que continúan su labor “a su manera”, su participación institucionalizada es criticable en términos de los alcan- ces que ésta debería tener, sobre todo porque cuando se trata de “las grandes decisiones”, ellas permanecen li- teralmente borradas de la escena, pues no tienen “voto que valga” (cfr. Ramírez Sáiz y Rabotnikof, op. cit.).
Así, la sociedad civil, desde esta lógica conceptual y pragmática, termina por ser mero instrumento, en una perspectiva de mercado (Natal, 2008, p. 339); no sólo como receptora o usuaria, sino como productora y proveedora de servicios y productos específicos (Natal, 2008, p. 337).
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 10, No 10, DICIEMBRE 2011
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Facultad de Ciencias Humanas